Grupo Social ONCE

EL JUEGO ILEGAL, UNA ASIGNATURA PENDIENTE DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Jorge Iniguez Villanueva, Director General Adjunto de Coordinación y Gestión de Recursos Humanos y Generales de la ONCE

¿Sería aceptable que un Ayuntamiento, una Comunidad Autónoma o el Estado permitiesen que cualquiera pudiese vender medicamentos o tabaco sin ningún tipo de control ni garantía para los consumidores?. Los juegos que se venden sin autorización y control son ilegales, por lo que las organizaciones que los organizan y explotan están al margen de la ley.

A la hora de abordar la problemática del juego ilegal la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿qué es juego ilegal? El diccionario de la RAE define “ilegal” como aquello “que es en contra de la Ley”. Por tanto, juego ilegal es todo juego que es contrario a la Ley.

¿Qué dice la Ley española en relación con el juego? Para poder vender cualquier juego se precisa una autorización del Estado o de las Comunidades Autónomas, según el ámbito geográfico donde se desarrolle el juego. Por tanto, aquellas organizaciones que no cuentan con la correspondiente autorización están desarrollando juego ilegal. Tan sencillo como esto.

Esto es similar a lo que ocurre en otras actividades, que por sus especiales características y el riesgo que suponen, deben ser controladas y sometidas a un régimen público de concesión o autorización, como ocurre con las farmacias o con los estancos, que no pueden vender sus productos al margen del control público. A nadie se le ocurriría adquirir medicamentos o tabaco en establecimientos que no estuviesen debidamente autorizados y que no ofreciesen las necesarias garantías para los consumidores. Esto es, precisamente, lo que ocurre con el juego ilegal.

En los últimos años han proliferado numerosas páginas web que ofrecen todo tipo de juegos por internet, especialmente apuestas deportivas o juegos de casino (poker, ruleta, etc). Hasta fechas muy recientes, ninguna de estas páginas contaba con autorización para ofrecer sus juegos en España, razón por la cual el Estado se vio en la necesidad de aprobar una ley que regulase las actividades de juego que se desarrollan a nivel de todo el Estado, especialmente por medios on-line, como internet.

La reciente Ley 13/2011, de regulación del juego, ha venido a cubrir esta necesidad, y con base en la misma el Gobierno ha concedido recientemente las primeras licencias a los operadores que desarrollan su actividad en España, dando de este modo un paso importante para la regularización del sector y en la lucha contra los juegos ilegales.

Sin embargo, existe otro ámbito del sector del juego que, de forma sorprendente, se viene desarrollando al margen de la ley y en régimen de total impunidad desde hace muchos años, a pesar de que las Administraciones Públicas saben perfectamente que se trata de actividades ilegales. Son las rifas ilegales que proliferan a lo largo y ancho de todo nuestro territorio y que ofrecen sus boletos aprovechándose de la imagen y de los sorteos de la ONCE.  Dichos boletos no cuentan con ningún tipo de autorización ni se someten a ningún control público sobre emisión, volumen de ventas o precios, ni se garantiza el pago de los premios, es decir, no cumplen con las garantías mínimas y fundamentales a las que tienen derecho los consumidores.

Volviendo a los ejemplos anteriores, ¿sería aceptable que un Ayuntamiento, una Comunidad Autónoma o el Estado permitiesen que cualquiera pudiese vender medicamentos o tabaco sin ningún tipo de control ni garantía para los consumidores?

De lo dicho hasta ahora cabe extraer una conclusión clara: los juegos que se venden sin autorización y control  son ilegales, por lo que las organizaciones que los organizan y explotan están al margen de la ley. 

Sin embargo, de forma totalmente incomprensible, dichas organizaciones no solo siguen desarrollando sus actividades con total impunidad sino que, ante la pasividad de las autoridades, se jactan de hacer publicidad en los medios de comunicación, de los ingresos que generan con sus actividades, cuando es sabido que no cuentan con ningún tipo de autorización ni control, que sus trabajadores no están dados de alta en la Seguridad Social y que no pagan impuestos.

Con todo esto, lo más grave y lo que resulta más sorprendente es el uso que hacen de supuestas ayudas a personas con discapacidad como argumento de marketing, aprovechándose del engaño que generan en los consumidores, quienes compran los boletos en la creencia de que están ayudando a las personas con discapacidad que les ofrecen dichos boletos. Sin embargo, la realidad es que, en muchos casos, se trata de personas que simulan una discapacidad que no tienen o que exageran la gravedad de la misma, o, más recientemente, de personas en situación de grave necesidad, como extranjeros en situación irregular, parados, etc, de los que estas organizaciones se aprovechan y que no son los que se benefician por la venta de estos productos. Habría que preguntarse quién se está aprovechando de los pingües beneficios que la actividad genera y dónde van a parar

Estas rifas ilegales tienen un impacto directo en la ONCE y en su labor social, por la competencia desleal que hacen a la Institución,  afectando negativamente a sus ingresos y a los servicios que presta. Sin embargo, como ya se ha comentado, la ONCE no es la única damnificada, ya que también se están causando graves perjuicios a los consumidores, a los propios trabajadores de las organizaciones ilegales, a la Hacienda Pública y al colectivo de personas con discapacidad, a los que utilizan como un mero instrumento de marketing.

Esta situación no resulta tolerable bajo ningún punto de vista, pero menos en una situación de grave crisis económica como la que estamos padeciendo, por lo que la intervención de las autoridades resulta imprescindible y urgente.

Parece que la Administración recientemente ha decidido tomar cartas en el asunto, tal como ha reconocido de forma pública don Enrique Alejo, Director General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas, máximo responsable público del juego que se desarrolla a nivel estatal, quien, a preguntas sobre las actividades de la OID, ha reconocido abiertamente que las mismas suponen un fraude y atentan contra los principios más elementales de cualquier normativa sobre juego, que son la protección de los menores, las personas vulnerables y los consumidores, por lo que ha anticipado actuaciones contra dicha organización.

La referencia a la OID no es casual, ya que esta organización representa el ejemplo más claro de juego ilegal, tanto por su implantación a nivel estatal y por el elevado número de vendedores dedicados a esta actividad (3.000 según las propias informaciones que aparecen en su página web), como por el importante volumen de los ingresos que genera. Aunque por la opacidad y falta de transparencia con la que desarrolla sus actividades es difícil conocer con certeza este dato, sus ventas en 2011 se pueden estimar en más de 50 millones de euros, lo que da una idea clara de la gravedad del tema.  Lo intolerable de esta situación se acentúa aún más si se tiene en cuenta que los Tribunales han condenado a la OID por competencia desleal frente a la ONCE y le han obligado al cese de sus actividades. Aunque han transcurrido varios años desde la sentencia, a día de hoy la OID todavía  no la ha cumplido.

Resulta evidente que esta situación no se puede prolongar por más tiempo y que de una vez por todas se debe hacer cumplir la ley, por lo que esperamos que esta vez sí, las autoridades pasen de las palabras a los hechos y actúen de forma enérgica y decidida contra esta lacra que tanto mal está haciendo a la sociedad en general y al sector de la discapacidad en particular.

Desde la ONCE intensificaremos aún más, si cabe, la colaboración con las Administraciones Públicas y utilizaremos todas las herramientas que el Estado de Derecho nos facilita para intentar erradicar una actividad que, como se dijo anteriormente, no beneficia a nadie sino a sus organizadores y promotores.